Sepypna

Desde la aparición en julio del año pasado del Real Decreto sobre la creación de nuevas especialidades en Ciencias de la Salud (589/2022), SEPYPNA participó en un grupo de trabajo junto a la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN-PSM), la Sociedad Española de Psicología Clínica-ANPIR (SEPC-ANPIR) y la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP) para solicitar la creación de la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia. Esta solicitud, después de mucho trabajo y con la participación de los socios/as en el proceso, fue enviada al Ministerio hace tres semanas. Acabamos de recibir respuesta del Ministerio alegando que no se cumplen todos los requisitos burocráticos solicitados, en virtud de lo cual podría rechazarse en este momento la creación de la especialidad.  Este excesivo rigor formal contrasta con la buena disposición a la creación de la especialidad mostrada por parte de la mayoría de Consejerías de Sanidad con las que hemos contactado.  Esta situación genera malestar entre las asociaciones que colaboramos, malestar que se une al expresado por diversas consejerías de Sanidad de varias comunidades autónomas respecto a las condiciones del Real Decreto, puesto que se pide a las asociaciones científicas solicitantes que ejerzan de intermediarias entre administraciones y se les solicita presentar datos que posee la administración. Así, uno de los argumentos del Ministerio es que no cumplimos el requisito de representar a un 70% de los especialistas que trabajan en este ámbito en el sistema público de salud; sin embargo, el Ministerio no facilitó el dato del número de profesionales anteriormente. El grupo de trabajo considera que en estos momentos debemos retirar la solicitud para evitar que, en caso de ser rechazada, se congele el proceso durante cinco años según estipulan las condiciones del Real Decreto. A partir de aquí nos replantearemos la estrategia a seguir, siguiendo con el proceso de recogida de documentación necesaria y a través de la influencia política que puedan ejercer las Comunidades autónomas a través de la comisión de Recursos Humanos.

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